Revista Intemperie

Las claves de un eventual Ministerio de Cultura y Patrimonio

Por: Felipe Valdivia
Michelle Bachelet

La Presidenta Bachelet lo comprometió entre sus promesas de campaña y es una de las 50 medidas para los 100 días de Gobierno, pero la iniciativa no está exenta de polémica

 

Entre la cincuentena medidas a lograr en los primeros 100 días de gobierno, la número 33 dice relación con la creación de del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se trata de un tema largamente debatido en el mundo político y cultural, y que la administración Piñera concretó hace exactamente un año, en un proyecto que fue muy resistido y discutido por el mundo de la cultura. La iniciativa viene ahora con una serie de importantes indicaciones realizadas por la Cámara de Diputados.

El proyecto en sí refuerza la participación del Gobierno en el área cultural, pero también le otorga una relevancia bastante notoria a la ciudadanía para la creación de políticas culturales. En ese sentido, la Ministra Claudia Barattini, ya adelantó que el organismo va a poseer dos instancias importantes: una dedicado al fomento del arte y la cultura, y otra enfocada en el patrimonio, tarea que actualmente se encuentra bajo la tutela de la DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), y del Consejo de Monumentos Nacionales, que –dicho sea de paso– vive su propia crisis.

No es todo, la Mandataria también se comprometió a fomentar las artes, incentivar la recuperación patrimonial y de las instituciones, a crear centros para las artes en todas las regiones del país y desarrollar programas que acerquen el arte y la cultura a la ciudadanía.

Amplio rechazo al proyecto anterior 

El martes 14 de mayo de 2013 fue el día que se concretó un proyecto largamente trabajado por el sector cultural del gobierno anterior, que no había estado exento de polémica. A una semana de que el entonces Presidente Piñera emitiera su última cuenta anual frente al país, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que creaba el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional del Patrimonio Cultural. Se trataba de una reforma clave de la institucionalidad cultural, y la algarabía mostrada en la cuenta anual por el entonces Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Luciano Cruz-Coke, era evidente, casi exagerada. Y también, por cierto, por los parlamentarios de la Alianza.

La alegría poco a poco fue apagándose con el paso de los días, tras las diversas críticas que fue recibiendo el proyecto presentado en ese entonces. En lo medular, los actores culturales del país rechazaron la falta de participación, tanto ciudadana como de los propios expertos, que implicaba pasar de un Consejo a un Ministerio, y el fortalecimiento de lógicas privatizadoras y mercantiles en la concepción y administración de la cultura. Las críticas se vieron exacerbadas por el hecho de que el anunció se realizó en momentos que ya había comenzado la campaña electoral.

Varias organizaciones firmaron cartas públicas rechazando el proyecto y haciendo un enérgico llamado a que fuera retirado de la Cámara. En septiembre de ese año, incluso, varias organizaciones sociales –entre otros la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, y la ANEF– también pidieron el retiro del proyecto, porque reforzaba “la idea de la industria cultural y el modelo de negocio y daba un rol protagónico al privado en desmedro de la responsabilidad del Estado”.

Otra arista –aún presente, aunque menos agudamente–, fue la estabilidad de los funcionarios de las instituciones culturales, ya que la fusión de varias entidades gubernamentales colocaba en peligro los puestos de trabajo en las distintas reparticiones. Esta fue una de las razones por las cuales la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (ANFUCULTURA), también se mostró en desacuerdo con el proyecto anterior.

En todo caso, el Gobierno de Piñera siguió adelante con la iniciativa, colocándole inclusive, en su primer trámite constitucional, “Urgencia simple”. Sólo en marzo de este año se le realizaron indicaciones, cambiando radicalmente el panorama.

Nueva etapa, nuevas demandas

Cuando se conoció el nombre de la nueva Ministra del CNCA, Claudia Barattini, el mundo cultural recibió con buenos ojos la designación. Una de sus primeras iniciativas fue la realización de una consulta ciudadana, cuyo objetivo fue el de recoger las opiniones de las distintas organizaciones y actores culturales para elaborar un nuevo proyecto de ley, que sería anunciado este 21 de mayo, en la primera cuenta anual de la Mandataria frente al país.

El proceso denominado “Tu voz crea cultura”, contempló jornadas de discusión en todas las regiones del país, que fueron encabezadas por los directores regionales del Consejo de la Cultura y además se abrió una encuesta de 22 preguntas que cualquier persona podía responder.

En general, esta iniciativa fue bien recibida, aun cuando aún existen algunas aprehensiones frente al proyecto. Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos, firmó en 2013 –junto a otras siete organizaciones– una de las tantas cartas de rechazo al proyecto de ley presentado por Piñera.

Hoy, dice que las indicaciones realizadas por la Cámara son adecuadas, pero muestra inquietud por la premura que colocó el Ejecutivo frente a las consultas ciudadanas: “nos preocupa el apuro que está demostrando el Gobierno en la creación del Ministerio”.

Manterola señala como uno de los principales problemas culturales del país el notable abandono de los monumentos y la territorialidad, materias que deberían convertirse en prioridades de una eventual cartera de Cultura, y advierte que el presupuesto que existe es muy bajo para tomar medidas en esas áreas.

“Lo que está sucediendo en el Cerro Barón con lo del mall es tremendo y preocupante. Creemos que tiene que haber armonía entre el paisaje y la estructura comercial y eso debería ser revisado por un eventual Ministerio”, enfatiza.

Romina Zúñiga, presidenta de la Corporación Isla Grande de Chiloé, también destaca la importancia de relevar el tema del patrimonio, en este caso intangible, en particular en el caso de las comunidades indígenas, donde la cultura no se puede separar de su conexión con el medioambiente. A esto añade la importancia de la descentralización. “Espero que si se crea un Ministerio los trabajos se descentralicen, se potencien más los organismos a nivel regional y exista más participación y consideración con las regiones” señala.

Otras preocupaciones se relacionan con el tema de la educación artística. En esta línea, el Director del Liceo Experimental Artístico Mapocho, Marco Llerena, señala la importancia de diseñar una buena coordinación entre el nuevo Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Llerena apoya el proyecto, y lo considera urgente, por ser un tema por el que se ha esperado más de 30 años: “Es lo pertinente apurar este tema, el proyecto actual se nota que tiene mucho más cambios que el anterior” señala. Sin embargo, enfatiza la importancia de relevar la importancia de la educación artística, un tema que habría sido descuidado por la administración anterior: “el Gobierno anterior disminuyó notablemente las horas artísticas y el ministerio tiene que velar por este tema, por lo tanto, es un objetivo que tendrán que plantearse las autoridades pertinentes para fortalecer la formación artística”.

En relación con el arista de la estabilidad laboral, las cosas parecen haberse ido suavizando, al menos en parte. Manón Herrera, presidenta de Asociación Nacional de Funcionarios de Cultura, señala que hay diálogo y avances en la materia. “Lo que más nos preocupaba era el asunto de la estabilidad laboral de nuestros trabajadores (…) ante la creación de un Ministerio. Estamos en conversaciones que han ido avanzando bastante bien en relación a este materia, por lo que estamos muy contentos y satisfechos”, explica.

La historia de un Ministerio

Las bases de las políticas culturales del país se iniciaron tras el término de la dictadura. El entonces Presidente Aylwin quiso ubicar a la cultura entre las prioridades gubernamentales, estableciendo entre otras medidas los FONDART, y luego con el gobierno de Lagos, el tema adquirió más fuerza.

Luego de establecerse una Comisión Asesora de Cultura (Comisión Garretón) dependiente del Ministerio de Educación, se creó –en 2003– el actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo descentralizado y autónomo que posee diez integrantes en el directorio y un presidente, con rango de Ministro y nombrado por el Presidente de la República.

El CNCA depende administrativamente del MINEDUC y además tiene a cargo el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el Consejo de Fomento de la Música Nacional, y el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual.

Bachelet en su primer periodo (2006-2010), se comprometió a enviar un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Cultura, pero nunca ingresó al Congreso. Sin embargo, los gastos en cultura en ese periodo aumentaron en 130%, según cifras oficiales de su Gobierno.

Pero, ¿para qué sería importante tener un Ministerio de Cultura? “Las políticas culturales de los países se hacen más efectivas cuando existe un soporte institucional mejor organizado, en nuestro caso, una eventual cartera del área, fusionaría el CNCA y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, resolviendo esa dispersión que no se logró solucionar en 2003 tras su creación”, explica Bárbara Negrón, Directora del Observatorio de Políticas Culturales.

Agrega que “sin duda, se podrían coordinar mejor las definiciones de política cultural con los instrumentos adecuados para poder implementarlas de forma más efectiva”.

Lo anterior, sin olvidar que potenciaría a la cultura como un actor importante para el desarrollo del país y de reforzar la institucionalidad.

El presupuesto de este Ministerio no es un tema menor, considerando que en la anterior administración el gasto en cultura se mantuvo en 0,4%, del gasto público, pese a que el presupuesto creció en un 22,9%, según cifras proporcionadas por OPC.

Según Romina Pantoja, Jefa del Programa de Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Católica, se trata de un tema “tremendamente relevante, dado que sin un presupuesto adecuado no se podría proyectar la interrelación de la institucionalidad existente, las mejoras y la profesionalización del sector”.

Otros actores, en tanto, no fueron convocados para escuchar sus demandas. Marisol Vera, presidenta de la Asociación de Editoriales Independientes, dice que les tomó por sorpresa no haber sido convocados en las consultas ciudadanas para recoger sus opiniones para un eventual Ministerio.

“Hemos sido actores fundamentales en poner sobre la mesa la discusión y generación de propuestas sobre políticas culturales, frente a una institucionalidad pública que ha sido muy lenta en responder a la evidencia del desastroso estado a que nos ha conducido, como país, la visión mercantilista de la cultura”, explica Vera.

Y agrega: “El no haber sido convocados nos parece un error de comprensión del rol que nos corresponde como ciudadanos y trabajadores de la cultura. Lo haremos saber y esperamos ser escuchados”.

Definiciones claras para un Ministerio eficiente 

El 27 de marzo pasado, a través de una declaración pública titulada Por un Ministerio de Cultura y Patrimonios democrático y participativo, varios premios nacionales, colegios profesionales y la Asociación Nacional de Funcionarios de la DIBAM, colocaron otros puntos que debieron considerarse en el debate.

En ella, se pide considerar una definición de cultura y patrimonio basado en las Convenciones sobre Patrimonio de la UNESCO (1972 y 2003), la Convención Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, los tratados internacionales y, sobre todo, el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios sobre temas que les afecten.

Según lo anunciado por la Jefa de Estado en su última Cuenta Pública, la creación del Ministerio se hará –justamente– realizando las consultas pertinentes a los pueblos originarios acogiendo el convención internacional.

Asimismo, en la declaración pública, se ratifica la participación de las comunidades locales, profesionales y de la ciudadanía, contemplando la existencia en todo el país de órganos colegiados con atribuciones relevantes a la hora de definir y resguardar el patrimonio.

El debate y el proyecto estan instalados para su discusión. Ahora habrá que ver si es que efectivamente se escucha a la ciudadanía y se cumplen las opiniones recogidas en este periodo, y si es que efectivamente la creación del Ministerio permite posicionar de una vez por todas al área cultural entre las prioridades de las autoridades, pero también de todo el país.

 

Foto: La Tercera

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